Hoy en día es habitual escuchar a políticos y periodistas que la sanidad tal como la conocíamos hasta hace poco no era ni sigue siendo sostenible en España. Esta creencia se basa en la asunción de que la sanidad pública depende nivel económico de la Seguridad Social, no siendo esto así ni a nivel económico ni jurídico.
Existen dos herramientas que, además de las cuotas a la Seguridad Social, se pueden usar para financiar el gasto sanitario: las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y la aparición de nuevos impuestos indirectos.
Sin embargo, y a pesar de estas fuentes de financiación, se siguen atribuyendo razones de tipo económico para su desmantelamiento.
Si observamos el siguiente gráfico vemos como el gasto público sanitario en España es claramente inferior al del resto de países seleccionados de la UE, un 6,5% del PIB en 2010 comparado con el 7,2% de Alemania, el 8,5% del Reino Unido y el 8,0% de Francia. Por tanto, los factores económicos se pueden descartar para hablar de insostenibilidad de la sanidad en España.
Además, como ocurre con toda política pública, se le achaca una falta de eficiencia y derroche de los recursos de todos los contribuyentes.
Sin embargo, siguiendo el ranking del World Health Report 2000 el Sistema Nacional de Salud español ocupa la séptima plaza en cuanto a calidad, siendo la número 24 en cuanto gasto público. Si comparamos este resultado con el de un país como Alemania, 25ª en calidad y 3º en gasto público, España sale muy favorecida en cuanto a eficiencia y calidad.
Por lo tanto, después de desmontar algunas de las creencias sobre nuestro sistema nacional de salud, debemos plantearnos que hay detrás de las reformas que se han llevado acabo en los últimos tiempos (repago) y de las que se están planteando.
La política seguida por el gobierno actual parece ser la de desmantelar la sanidad pública y universal para garantizar su viabilidad futura, pero, la viabilidad de qué?
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